En la madrugada del 23 de mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C condenó a cuatro militares retirados por el secuestro y desaparición del joven de 14 años y las violaciones a su hermana, Emma Guadalupe, tras una larga lucha judicial desde enero de 2016.
El fallo ordenó al Estado establecer un plan de búsqueda para su localización y, aunque la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público realizó algunos esfuerzos, no ha podido dar con su paradero, expresó recientemente el abogado Héctor Reyes, quien es mandatario judicial de Emma Guadalupe Molina Theissen.
Como medidas de reparación digna a la familia no se solicitó ni se otorgó ningún pago como resarcimiento, aunque el Tribunal ordenó que el Ministerio de Educación incluya en su programa educativo textos que expliquen lo ocurrido, la realización de documentales y la creación de una beca con el nombre del joven, entre otras medidas.
En un día histórico para la justicia en Guatemala, el Tribunal de Mayor Riesgo C sentenció a 58 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, violación con agravación a la pena y desaparición forzada a Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas, exjefe de la segunda sección del Estado Mayor del Ejército, y a Hugo Ramiro Zaldaña, oficial del Estado Mayor del Ejército.
Por su parte, Francisco Luis Gordillo, comandante de la zona militar General Manuel Lizardo Barillas, donde Emma Molina fue violada y torturada, recibió 33 años por violación con agravación de la pena y delitos contra los deberes de la humanidad.
En opinión de Reyes, como en todos los casos de justicia de transición juzgados en Guatemala, la condena sentó un precedente, al llevar a juicio el caso de un menor desaparecido.
De acuerdo con la Comisión del Esclarecimiento Histórico, de los 45 mil desaparecidos durante el conflicto interno, alrededor de cinco mil eran niños, y el caso de Marco Antonio fue el primero en llegar a un alto tribunal.
Entonces, después de maniobras dilatadoras por parte de la defensa de los acusados, valió la tesis del Ministerio Público, las querellantes y la familia Molina Theissen, de condenar específicamente a exoficiales del alto mando del ejército por la desaparición del niño, pero también por violación con agravación de la pena en contra de Emma Molina Theissen.
Después de ese precedente, en febrero de este año, un juzgado fijó una audiencia por la denuncia de la abogada Karen Fischer en contra de los Molina Theissen, asegurando que Marco Antonio había sido visto en la audiencia.
Tristemente -aseguró Reyes- en Guatemala no van a dejar que avance la justicia de transición, pues a solo pocas horas de emitida la sentencia histórica, enseguida empezó a circular ese adsurdo para dañar aún más a esas valientes mujeres que enfrentaron a una cúpula militar hasta entonces intocable.
Al cumplirse el primer año del caso, los Molina Thiessen manifestaron que ‘los crímenes de tortura y violencia sexual infligidos entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 1981, en las ciudades de Quetzaltenango y Guatemala, ofenden no solamente a nuestra familia y al pueblo de Guatemala, son tan atroces, perversos y aborrecibles, que ofenden a la humanidad entera’.
A tres años del caso, una pregunta sigue en pie, dónde está el niño que un comando militar secuestró impunemente en su casa el 6 de octubre de 1981 y sus captores se niegan a dar indicios de dónde podrían estar sus restos.
Solo así esta familia, como muchas que aún esperan respuesta, podrán cerrar su duelo.
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