Podría decirse desde un punto de vista cuantitativo que es así porque van a liza las gobernaciones de 15 estados, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, de 30 asambleas legislativas, cientos de presidentes municipales, miles de alcaldías, sindicaturas y regidurías.
Para no hacer lista, más de 21 mil cargos públicos en los 31 estados del país y la Ciudad de México serán disputados, aunque no todos elegirán la misma cantidad de funcionarios y puestos.
Todos, en cambio, elegirán diputados a la Cámara Baja Federal, a las asambleas, y una cantidad variada de presidentes municipales. Y he allí, en estos segmentos, donde el remolino de enfrentamientos se convierte en brutal tornado.
Si bien la joya de la corona son los 500 diputados que deben sentarse en los escaños de San Lázaro, sede del Legislativo, y conforman la columna vertebral de estos comicios, los 15 estados en los que cambia el gobernador, las asambleas locales y presidentes municipales, son sus costillares.
Esa configuración -y no solo número de cargos- le da a estas elecciones su condición de más importantes porque implican la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional del espectro político y partidista, pero también económico y social.
Los partidos políticos de oposición no han ocultado que su objetivo principal es desbancar al oficialista Morena para arrebatarle la mayoría absoluta en la Cámara, y así lo proclamó abiertamente en un comunicado Mexicanos contra la Corrupción, financiada por el gobierno de Estados Unidos.
Ese movimiento, dirigido por el empresario Claudio X González y respaldado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), fue el artífice de la creación de una coalición de 11 gobernadores autodenominada Alianza Federalista como instrumento para derrotar a Morena y bloquear las reformas del gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió una carta diplomática a la Casa Blanca sobre su financiamiento a la institución opositora, aseguró que uno de los objetivos de quitarle la mayoría a Morena es impedir que el gobierno domine el presupuesto nacional.
En resumen, denunció, buscan anular los programas de bienestar y desarrollo del gobierno y crear las condiciones para en algún momento someterlo a un juicio político que lo saque de la presidencia, lo cual es imposible lograr si Morena retiene la mayoría absoluta.
Estos objetivos explican la agresiva campaña electoral de los partidos de oposición dedicada más a descalificar al gobierno, a Morena y al presidente, que a presentar programas de gobierno o proyectos alternativos para mejorar la situación de la gente.
De tal manera, la propia oposición ha convertido las elecciones del 6 de junio en una suerte de referendo nacional no solamente para el gobierno, sino para todo el espectro partidista, principalmente para el Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Democrático (PRD).
Ese día la actual correlación de fuerzas sufrirá profundos cambios sobre los cuales no se especula mucho, pero de los que todos están pendientes, y serán medidos por los escaños en la Cámara, las gobernaciones y las asambleas locales que cada partido controle.
De acuerdo con esos resultados, los partidos perdedores, sean de la oposición u oficialista, estarán obligados a un reordenamiento interno que les garantice un mejor desempeño en las elecciones presidenciales de 2024.
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