Asimismo, pidieron el cese de las acciones de venganza, acoso, intimidación y persecución en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales, acciones que, afirman, ponen en peligro la democracia y la paz en este país centroamericano.
En el manifiesto ‘Guatemala no estás sola’, los firmantes advierten sobre la campaña de criminalización y encarcelamiento en marcha, la cual, sostienen, no tiene parangón desde el fin del conflicto armado interno y muestra en la captura de Solórzano y Arguello su más reciente episodio.
Al llamado solidario de ‘amigos de Guatemala en México desde siempre’, respondieron en solo cuatro días más de 850 firmas de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Catalunya, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España y Estados Unidos.
También de Francia, Honduras, Italia, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, País Vasco, Portugal, Reino Unido, República Árabe Saharaui Democrática, Suecia, Venezuela y por supuesto, Guatemala.
Los convocados recuerdan que el 19 de mayo, el ex director de la Superintendencia de Administración Tributaria, nieto de la escritora y periodista Alaíde Foppa y destacado luchador contra la corrupción y la impunidad, junto al ex analista de la Cicig, respectivamente, fueron acusados y encarcelados por supuestos delitos electorales.
Su detención se realizó haciendo uso de métodos que se pensaban hechos del pasado, como el uso de los tristemente célebres vehículos sin placas o listados anónimos señalando y criminalizando a líderes sociales, profesionistas y defensores de los derechos humanos.
A pocas horas de la aprehensión de Solórzano y Argüello, recuerda el texto, otras personas pasaron por lo mismo ‘con argumentos coincidentes al modus operandi utilizado en los últimos meses contra un número notorio de defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como de periodistas y comunicadores, sobre todo de los pueblos indígenas’.
‘Estas acciones a todas luces amenazan la incipiente estabilidad democrática de Guatemala, ponen en peligro el ejercicio pleno de los derechos y las libertades fundamentales de todo ciudadano, así como la integridad física, moral y psicológica de hombres y mujeres comprometidos con el combate a la corrupción y la impunidad’, alertaron.
La declaración considera que la lucha para detener la impunidad institucionalizada ha sido el aporte de Guatemala a la universalización de los derechos humanos, pero desde 2019 diversos sectores vinculados con los ejes de la corrupción y la violenta represión que enlutó al país por 40 años, han emprendido una ofensiva regresiva de grandes proporciones.
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