El miércoles, el presidente Sebastián Piñera presentó finalmente un esperado paquete de ayudas a la población, demandado largamente por la oposición y movimientos sociales, el cual generó por igual apoyo y escepticismo.
Se trata de la entrega de un Ingreso Familiar de Emergencia universal y beneficios para las pequeñas y medianas empresas, para contrarrestar la crisis causada por la Covid-19.
Según el mandatario, esa ayuda ‘llegará de forma simple y rápida’ en junio, julio y agosto a los inscritos en el Registro Social de Hogares, que comprende a 14,8 millones de personas en situación precaria, de los 19 millones de habitantes del país.
En medios políticos, sociales y empresariales perciben que ese aporte es positivo pero, como en otras ocasiones, llega con retraso.
Para muchos lo ‘decepcionante’ es que la propuesta gubernamental, aunque más generosa que las anteriores, resulta inferior a lo planteado por la oposición, tanto en plazos como en dinero, además de contener un escaso apoyo a las pymes.
En paralelo sigue el tira y hala entre el gobierno, los sindicatos y el parlamento por acordar el salario mínimo debido a la gran diferencia entre lo que ofrece el gobierno y lo reclamado por los trabajadores.
El ejecutivo plantea un aumento de 3,2 por ciento, hasta 337 mil pesos chilenos (unos 468 dólares al cambio actual), mientras que los sindicatos piden 500 mil pesos, para superar el índice de pobreza y compensar el alto costo de la vida en el país.
En otro orden continúan las protestas y reclamos a favor de la liberación de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019.
Este viernes, la céntrica Plaza de la Dignidad (Baquedano) fue escenario de choques entre manifestantes y carabineros por ese motivo, que tuvo otras expresiones en la semana.
El miércoles la comisión de Seguridad del Senado aprobó legislar sobre un proyecto que propone un indulto general a esas personas por razones humanitarias, con el rechazo del gobierno y la Corte Suprema, y el respaldo de políticos y movimiento sociales.
Incluso, 22 integrantes de la convención que redactará la nueva Constitución demandaron en un comunicado la ‘libertad inmediata’ de todos los presos del estallido social, que cifran en dos mil 500 hasta marzo último, muchos de ellos menores de edad.
En medio del ajetreo político, la pandemia de Covid-19 no da tregua, con indicadores que ubican a mayo como el tercer mes más letal desde la entrada del SARS-CoV-2 a Chile.
Tal situación generó también roces entre el gobierno, que estableció esta semana un ‘pase de movilidad’ que facilita la circulación de las personas, y buena parte del mundo científico, para el cual esa iniciativa llega en el momento más inoportuno.
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