La presentación del coronel Jacobo Salán en la sala del Tribunal de Mayor Riesgo B propició su detención inmediata por estar en la lista de acusados de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y deberes contra la humanidad en el llamado también Dossier de la Muerte.
Por orden del juez Miguel Ángel Gálvez, el exmilitar fue enviado a la cárcel de Mariscal Zavala, donde permanecen otros posibles autores materiales o intelectuales de los crímenes contra 183 personas entre 1983 y 1985, que recoge el documento develado en 1999.
El 19 de mayo, el Ministerio Público ejecutó 11 aprehensiones, pero no dio con el paradero de Salán, quien recibió una condena en 2014, junto a Napoleón Rojas, por el desvío de millones de quetzales del Ministerio de la Defensa en el gobierno de Alfonso Portillo.
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, trabajó en la Dirección de Inteligencia del ejército (D-2) a finales de las décadas de 1980 y 1990, periodo que incluye el caso Diario Militar.
En la audiencia de este martes, estuvieron los sindicados Enrique Cifuentes, Edgar Corado Samayoa y René Lara, antiguos especialistas del Estado Mayor Presidencial, así como los exintegrantes de la D-2, José Monterroso y Edgar de León.
Por encontrarse en diferentes sanatorios del país y otros departamentos se ausentaron Juan Francisco Cifuentes (primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía y del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional) y Gustavo Oliva (primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas, especializado en la contrainsurgencia policial).
Asimismo, el general retirado Marco Antonio González, exdirector de Inteligencia, exministro de Defensa y vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala; Eliseo Barrios, militar retirado y exespecialista del Estado Mayor Presidencial (detenido en Petén) y Aurelio Castañeda, con el mismo cargo y localizado en Alta Verapaz.
El juez Gálvez confirmó la continuidad mañana de la audiencia, luego de discutir con los abogados cómo se realizaría la misma.
Con la aparición del Diario Militar se puso de manifiesto la sospecha que tenían sobre el seguimiento y violencia por parte de las fuerzas del Estado contra 183 personas, indicó a medios de prensa Manuel Antonio Farfán, representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala.
El documento permitió relacionar los numerosos casos denunciados y evidenciar que las graves violaciones a los derechos humanos no fueron hechos aislados, recordó el medio alternativo prensacomunitaria.org.
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