La institución, con más de 35 años de servicio, estima que las autoridades desoyen voluntariamente el artículo 284-3 de la ley de leyes, el cual estipula que ‘toda consulta popular destinada a modificar la constitución por vía de referéndum está formalmente prohibida’.
De acuerdo con IDEM, el proyecto para modificar la Constitución costará unos 40 millones de dólares, lo que supone una ‘sangría presupuestaria’ en medio de la crisis generada por la Covid-19, y la falta de infraestructuras sólidas del sistema sanitario.
La situación se agrava con los 4,1 millones de personas que viven bajo inseguridad alimentaria, mientras las previsiones indican que la cifra llegará a 4,4 millones en este mes de junio, es decir más del 40 por ciento de la población, insistió su directora ejecutiva, Kettelie Julien.
Julien señaló que actualmente los dirigentes deben invertir en programas de sensibilización, movilización, compra de materiales para proteger a los trabajadores de la salud, y la construcción de hospitales de campaña equipados, en lugar de recurrir a gastos enormes para realizar el referendo.
En un comunicado emitido la víspera, los obispos católicos instaron al Gobierno a abandonar la consulta popular para evitar que la nación ‘conozca días más oscuros e incluso peores que los que conocemos ahora’.
La Conferencia Episcopal advirtió que la iniciativa del Ejecutivo ‘sumirá al país en una crisis aún más profunda’, y subrayó que la actual situación social y política de división, desconfianza y violencia no es favorable para un proyecto de esta envergadura, agregó el documento.
La Iglesia se une así a múltiples voces que en los últimos meses criticaron el ejercicio, al considerarlo unilateral e inconstitucional.
Incluso los opositores políticos y otras organizaciones amenazaron con recurrir a la violencia para frenar la consulta popular, aunque el Gobierno rechazó recientemente esta postura.
El referendo está previsto para el 27 de junio, y poco después Moïse convocó a elecciones simultáneas para elegir al nuevo jefe de Estado y los legisladores.
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