La determinación de la magistrada Carmen Lucía Antunes respondió a una solicitud presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que pidió indagar a Salles tras recibir la denuncia.
Tal acusación fue presentada por el delegado de la Policía Federal (PF) Alexandre Saraiva, entonces superintendente del cuerpo en el norteño estado Amazonas, pero una semana después el Gobierno nombró a otro delegado para el puesto.
Al solicitar la apertura de la investigación al Supremo Tribunal Federal (STF), la PGR indicó que quiere averiguar si el ministro cometió delitos como defensa administrativa, obstruir o dificultar la vigilancia del medio ambiente e impedir o dificultar la investigación de los delitos de organización criminal.
La jueza autorizó igualmente la realización de las diligencias solicitadas por la PGR, que incluyen la toma de declaraciones del ministro, y fijó un plazo de 30 días para el cumplimiento de las mismas, así como para finalizar las investigaciones.
El 19 de mayo la PF allanó oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y el domicilio de Salles, como parte de la pesquisa sobre corrupción y exportación ilegal de madera.
La operación fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, del STF, quien también ordenó la violación del secreto bancario y fiscal de Salles.
Asimismo, la separación preventiva del presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables Eduardo Bim y de otros nueve funcionarios públicos que ocupaban cargos y puestos de confianza en las agencias.
En la acción, De Moraes también determinó la suspensión inmediata de la aplicación de una orden emitida en febrero de 2020, la cual permitía la exportación de productos forestales sin necesidad de emitir permisos de exportación.
‘Se estima que dicha orden, elaborada a petición de las empresas a las que se les incautaron cargamentos sin licencia en Estados Unidos y Europa, dio lugar a la regularización de más de ocho mil cargamentos de madera exportada ilegalmente entre 2019 y 2020’, informó la PF.
Las investigaciones se iniciaron en enero, según la policía, a partir de informaciones ‘obtenidas de autoridades extranjeras’ que denunciaban una ‘posible mala conducta de funcionarios públicos brasileños en el proceso de exportación de madera’.
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