No es usual ese tipo de información, aunque tampoco novedosa pues es muy rara la ausencia delitigios jurídicos después de cualquier votación que implique dominio de la cosa pública.
Más allá de lo meramente noticioso, es una evidencia de la gran desconfianza política en México y de que es mucho lo que está en juego en estas elecciones para llegar a esos extremos. Es, además, una expresión de lo encarnizado de una batalla que no se sabe cuándo terminará.
Pero eso es peccata minuta ante las derivaciones de fondo que pueden tener estas elecciones llamadas a cambiar la correlación de fuerzas en el país no solamente en el plano político, sino además en el corporativo y el judicial.
En el político, el sistema de partidos puede alterarse pues es muy seguro que un resultado negativo en la nueva distribución nacional del poder repercutirá en los actuales esquemas de las fuerzas organizadas que podrían afectar los lideratos y provocar cambios más radicales a los imaginados.
Si los pronósticos de las encuestas se cumplen y Morena obtiene la mitad de las 15 gobernaciones en liza como aseguran, sería un golpe demoledor para el PRI, el PAN y el PRD y un tremendo aval al plan de gobierno en marcha conocido como IV Transformación.
En ese programa está concentrada la esencia de estos comicios y su alcance en el tiempo, pues un cambio en la correlación de fuerzas a favor de Morena permitirá solventar a favor del gobierno los grandes conflictos heredados o de nueva creación que obstaculizan la marcha de los programas que hacen posible dicha transformación.
Particularmente, la principal beneficiaria de un triunfo de López Obrador será la batalla contra la corrupción, un flagelo cuyas raíces más profundas no han podido ser arrancadas, y todo el aparato político y económico opositor conoce que es prioridad uno de este gobierno.
De tal manera es así, que incluso asuntos que hasta ahora López Obrador ha tratado con sumo cuidado y mucho tacto, como la posibilidad de procesos penales a los expresidentes neoliberales, pueden ser sujeto de nuevos análisis que les inyecten una dinámica diferente a la de ahora y terminen en los tribunales.
Lo mismo ocurre con el Poder Judicial donde se dan casos de abierto desafío al gobierno con sospechosas actitudes que recuerdan a los jueces protagonistas de Lava Jato en Brasil y que, es ostensible, no estarían muy felices dentro de un ambiente más favorable que el actual para impulsar reformas más radicales capaces de liberar obstáculos jurídicos el camino hacia una nueva soberanía nacional.
Por tal razón, empresas extranjeras como la española Iberdrola y otras muchas, y un sector de la iniciativa privada nacional afín a ellas, estarían muy a gusto si la coalición conservadora PRI-PAN-PRD lograra impedir que Morena y sus aliados retengan la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero los cálculos más optimistas les otorgan apenas un 32 por ciento del total de escaños.
Y no solo con el propósito de controlar el presupuesto de la nación y decidir en su distribución y asignaciones de partidas, sino de impedir a toda costa que prosperen las reformas emanadas de la IV Transformación, lo cual no han logrado hasta ahora.
En consecuencia, es imperativo para la oposición que, de no frenar el avance de la coalición de Morena, procurar al menos que este no sea arrasador a fin de mantener una correlación de fuerza lo más cercana posible a los parámetros actuales.
Precisamente por ser minoría en el Congreso, la derecha ha tenido que recurrir a los rescoldos conservadores en el Poder Judicial y en el INE para, desde esas instancias, frenar las reformas como han podido hacer transitoriamente con las de hidrocarburos, electricidad, de comunicaciones y otras muchas en favor del capital extranjero.
Estas dos últimas instancias son, precisamente, las que están más cerca del desfiladero por ser las de mayor connotación en los procesos abiertos contra la corrupción que los salpica. Estas son apenas algunas consideraciones que explican el por qué de lo encarnizado de estas elecciones.
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