Es obligación del CSE observar y asegurar el cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución Política de la República, en lo concerniente a los requisitos señalados en el artículo 143, expresa el acuerdo tomado por el pleno de magistrados de ese Poder del Estado.
Por tal razón, invitó a los partidos y las alianzas a tomar las medidas que crean necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de sus precandidatos.
En consecuencia, advirtió que ‘no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección prevista para el 7 de noviembre próximo, quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución y las leyes de Agentes Extranjeros y de Defensa de los Derechos del Pueblo.
Tales legislaciones fueron aprobadas por la Asamblea Nacional (parlamento) en octubre y diciembre del año pasado, respectivamente.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo define que quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, fomenten o insten a actos terroristas u otros en menoscabo de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua serán considerados traidores a la Patria, y no podrán optar a cargos de elección popular.
En igual situación están quienes inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias foráneas para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
Además, propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua.
Toda persona que pretenda ser candidato de elección popular debe cumplir las disposiciones y requisitos establecidos en la Constitución Política de la República, por lo cual este CSE lleva un registro detallado de todo aquello que pueda representar una violación a dichas disposiciones o requisitos, advirtió.
En los comicios generales del 7 de noviembre próximo los nicaragüenses elegirán a la fórmula presidencial, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
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