Estamos entre una emergencia sanitaria con herencia del desastre económico del gobierno de facto, y una política legislativa de austeridad, pero se preservan esos tres sectores, puntualizó el parlamentario en declaraciones al diario Página Siete, de sectores conservadores, contrarios al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Según Mamani, el 27 por ciento de los proyectos de ley favorecen al desarrollo económico, el 21 por ciento al turismo y al comercio, y el 15 por ciento al sector social en beneficio de la salud y el hábitat de la familia.
La prioridad dentro de este último aspecto la tiene el derecho a la vivienda, que es un mandato expresado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, subrayó el titular de la Cámara Baja.
El Presupuesto General destina el 10 por ciento a salud y el 10 por ciento a educación, a lo cual se suman 224,1 millones de bolivianos (32 millones 454 dólares) de la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, explicó.
Sobre logros económicos puntuales, Mamani contrastó la tasa de desempleo durante el gobierno de facto (2019-2020), del 11,6 por ciento; con la del ejecutivo actual, del 7,6 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas. El líder parlamentario recordó que la pandemia de Covid-19 condicionó priorizar asuntos de prevención y contagio, además de promover las relaciones con países para la compra de vacunas y medicamentos.
‘La situación económica de la región influye en que se proyecten normas que tengan connotación de impacto a corto plazo y regulen el acceso a la educación y salud’, destacó el diputado por el MAS.
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