El tema volvió a la palestra luego que este domingo se materializara la expulsión de 56 extranjeros, según informó el gobierno.
Rodrigo Delgado, ministro del Interior dijo que una veintena de esas personas estaban condenadas por graves delitos y optaron a la conmutación de las penas por la expulsión, y el resto por infringir las disposiciones migratorias vigentes.
Sin embargo, en organizaciones de migrantes y derechos humanos que han bautizado esas acciones como ‘los vuelos de terror’, insisten en el hostigamiento a los migrantes.
Además causa repulsa la forma en que esas personas son embarcadas en los aviones, enfundadas en uniformes blancos hasta la cabeza, enmascaradas e incluso maniatadas.
Al respecto, los Obispos de Antofagasta pidieron en un comunicado ‘respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad de movimiento de las personas’.
Asimismo expresaron alarma por el anuncio del gobierno de realizar 15 vuelos de deportación este año, el primero de ellos el pasado 25 de abril, desde la ciudad de Iquique.
Por su parte, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales reiteran en conjunto la falta del debido proceso para las expulsiones.
Además insistieron en la violación de tratados internacionales suscritos por Chile y la actitud de oídos sordos a un reciente llamado humanitario de la ONU para que no se realizaran expulsiones colectivas.
Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes, argumentó que las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a permanecer en el país mientras se considera su situación migratoria, más aun en casos que no tienen antecedentes panales.
Para Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, exigió que el Gobierno detenga esta ‘campaña del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad’.
Waleska Ureta, directora del SJM, aseguró que las autoridades incluso han detenido a padres y madres de familia, lo que genera desarraigo en niños y adolescentes y ‘un drama cruel e injusto’.
Datos aportados por el SJM, señalan un fuerte aumento de las expulsiones en los últimos años, pues entre 2018 y 2020 se ordenaron 18 mil 725, que representan casi la mitad de todas las informadas desde 2010.
En tanto, 2019 fue el año con mayor cantidad de expulsiones, con más de ocho mil.
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