La enmienda tenía el respaldo de una treintena de legisladores del partido gobernante descontentos con la decisión del Ejecutivo de reducir en un 0,2 por ciento el monto de la contribución anual que hace el Reino Unido a los países en vías de desarrollo.
El presidente de la Cámara de los Comunes, el también conservador Lindsay Hoyle, determinó, sin embargo, que la enmienda estaba fuera de lugar y no se avenía al proyecto de ley al cual fue anexado.
Hoyle invitó, no obstante, a los legisladores a solicitar un debate emergente sobre el tema, toda vez que el gobierno nunca consultó al Parlamento sobre el recorte.
En noviembre pasado, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció que en lugar del 0,7 comprometido hasta ahora, el Reino Unido solo aportará este año el 0,5 de por ciento de su Producto Interno Bruto a la ayuda internacional para el desarrollo, debido al impacto económico de la pandemia de Covid-19.
El recorte significa que los países pobres dejarán de recibir alrededor de cinco mil millones de dólares.
El promotor principal de la malograda enmienda, el exministro de Cooperación Internacional Andrew Mitchell, alertó que la disminución de la ayuda financiera tendrá como resultado cientos de miles de muertes que podrían evitarse.
De acuerdo con el político conservador, quien este lunes acusó al Ejecutivo liderado por Johnson de irrespetar al Parlamento, para garantizar el éxito de la cumbre del Grupo de los Siete que se celebrará este fin de semana en la localidad inglesa de Cornualles, es esencial que el Reino Unido cumpla con sus compromisos.
Organizaciones no gubernamentales e instituciones caritativas, líderes religiosos como el arzobispo de Canterbury y legisladores de diferentes partidos también consideran que el recorte de la ayuda contribuirá a exacerbar las penurias de millones de personas en los países pobres, y acentuar el terrorismo, la emigración y el problema de los refugiados.
Aunque el gobierno británico no ha publicado aún la lista de países e instituciones afectadas, algunos medios de prensa locales aseguran que Siria, Somalia, la República Democrática del Congo, Libia, Nigeria y el Líbano perderán más de la mitad del financiamiento para el desarrollo.
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