Rodríguez, principal operador judicial del entonces mandatario hasta 2019, está bajo investigación en su país por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán por los delitos de extorsión y asociación ilícita.
En diciembre viajó a Uruguay y hace pocas semanas renunció a su doble ciudadanía de aquí para solicitar asilo, ante un pedido de extradición por prófugo de la justicia.
La parlamentaria del Parlasur, Cecilia Britto, solicitó la inhabilitación de Rodríguez, por su manifiesta inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido, conforme la aplicación del reglamento interno de este cuerpo legislativo.
Informó a la prensa que los integrantes del bloque argentino Frente de Todos decidieron por unanimidad la expulsión del abogado imputado de ejercer presiones al grupo al que pertenece el canal de noticias argentino C5N y ‘uno de los ideólogos del intento de destrucción del Parlamento del Mercosur’.
Para después del análisis inicial por la Comisión de Asuntos de Presupuesto y Asuntos Internos, Britto exhortó al Plenario del Órgano subregional, a que ‘como juez exclusivo de la conducta de sus miembros, a excluir de su seno a Rodríguez’.
En este sentido, aludió a que la jueza María Servini lo declaró en rebeldía y requirió su detención a Interpol y sostuvo que no tiene ningún argumento para alegar ‘persecución política’.
Recordó que antes desacató la prohibición de salida de Argentina y desde Uruguay consiguió que se aplazara el llamado a indagatoria en dos fechas distintas en mayo.
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