Durante su testimonio en la comisión del Senado (CPI), que evalúa la gestión del gobierno ante la pandemia, Franco también calificó la tercera fase de los ensayos clínicos de ‘cementerio de vacunas’.
Al respecto, el senador Humberto Costa respondió que todo fue una acción ordenada por el presidente Jair Bolsonaro y provocó miles de muertes.
El retraso en la adquisición de antígenos contra el patógeno por parte de la administración federal dominó gran parte de la presentación en la junta del coronel de la reserva y ahora asesor especial de la Casa Civil.
Franco alegó asimismo que hubo otro factor en la dilación para comprar CoronaVac y mencionó la necesidad de adaptar la legislación.
Comentó que se informó al Instituto Butantan, centro productor de la droga china en el país, que no se podía utilizar la ‘orden tecnológica’, un instrumento para adquirir el antígeno elaborado por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la empresa anglo sueca AstraZeneca, ‘porque se presta a nuevas tecnologías’.
Y en el caso de CoronaVac, añadió, ‘se trataba de una vacuna de virus inactivado, una tecnología que Butantan ya domina. Era necesario adaptar el marco legal, lo cual ocurrió con la medida provisional mil 26, el 6 de enero’.
En varias intervenciones, los senadores señalaron que las negociaciones entre la Unión y Butantan fueron suspendidas durante meses a partir de octubre de 2020, tras Bolsonaro ordenar públicamente la cancelación de un protocolo de intención firmado por el Ministerio de Salud para la adquisición de 46 millones de dosis de CoronaVac.
Para esquivar responsabilidades, Franco señaló que Dimas Covas, director de Butantan, ‘tenía mi teléfono. Podrían haber enviado mensajes a mi WhatsApp, podrían haber hablado conmigo. El problema que se produjo fue la politización por parte del gobierno del estado de Sao Paulo’.
Respecto al producto del laboratorio estadounidense Pfizer, el exsecretario ejecutivo atribuyó la tardanza en la compra a ‘cláusulas leoninas’ impuestas, según él, por la empresa.
El parlamentario Randolfe Rodrigues enumeró las fechas de 81 correos electrónicos, el 90 por ciento de ellos sin respuesta, enviados por Pfizer al gobierno brasileño de mayo de 2020 a abril pasado.
Franco justificó que la falta de respuestas se debía, entre otras razones, a ‘problemas técnicos’.
Instalada el 4 de mayo y en su sexta semana de alegatos, la CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19, que hasta la fecha cobró 479 mil 515 decesos y 17 millones 122 mil 877 contagios.
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