Conocida como Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la citada legislación tipifica el delito de traición a la patria, el cual fue imputado a Dávila según una nota de prensa del cuerpo uniformado.
El comunicado invoca el artículo uno de la Ley 1055, que entre los actos constitutivos de enumera los que ‘menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos’, entre otros.
El portal digital La Gente, de la capitalina Radio La Primerísima, recuerda describe a la detenida como ‘una activista de la extrema derecha y promotora de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua’.
Recuerda que Dávila actuó como ‘cabecilla de los actos terroristas realizados en la ciudad de Matagalpa (norte) entre abril y julio de 2018, durante el fallido golpe de Estado promovido y financiado por Estados Unidos’.
Del 2 de junio a la fecha el Ministerio de Público de Nicaragua había solicitado la detención de los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri y José Pallais.
Presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos y actos lesivos a la soberanía nacional constituyen las causas de la actuación judicial en todos los casos.
Los dos Chamorro (primos), Cruz y Maradiaga aspiraban a lograr una candidatura presidencial desde las filas de la fragmentada oposición nicaragüense, de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre venidero.
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