En dos notas de prensa el instituto uniformado dio cuenta primero del arresto de Dora María Téllez y Suyen Barahona, y luego el de Ana Margarita Vigil, en todos los casos de acuerdo con la Ley 1055, aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) en sesión extraordinaria del 22 de diciembre del pasado año.
Conocida como Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la citada legislación tipifica el delito de traición a la patria, del cual fueron imputadas las activistas de la derecha opositora al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En su artículo uno ese texto jurídico también establece como actos punibles la incitación a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la petición de intervenciones militares, y la organización con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
En el mismo rango la Ley 1055 considera la propuesta y gestión de bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, así como la demanda de imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos.
Del 2 de junio a la fecha el Ministerio de Público había solicitado la detención de los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais y Tamara Dávila.
Presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos y actos lesivos a la soberanía nacional constituyen las causas de la actuación judicial en todos los casos.
Los dos Chamorro (primos), Cruz y Maradiaga aspiraban a lograr una candidatura presidencial desde las filas de la fragmentada oposición nicaragüense, de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre venidero.
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