El portal UOL recordó que el 23 de marzo, la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF), por tres votos contra dos, decidió que Moro fue improcedente en la conducción del proceso del llamado caso triplex de Guarujá, que dio lugar a la primera condena contra Lula en los procesos de la ahora desactivada operación Lava Jato.
La decisión, sin embargo, no alcanza a otros dos procesos conducidos por Moro, como los casos del sitio Atibaia e Instituto Lula.
El exmagistrado dejó en noviembre de 2018 el Poder Judicial y aceptó la invitación para ser ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro.
Para la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores, los actos de sospecha de arbitrariedad de Moro practicados en el proceso de Guarujá también ocurrieron en estas dos acciones.
La petición de los abogados del exmandatario fue dirigida al ministro Gilmar Mendes, presidente de la segunda sala del STF y redactor del fallo de marzo.
No hay plazo para que Mendes se pronuncie sobre la solicitud, que, de ser aceptada, hará que los dos procesos vuelvan al punto de partida, como ocurrió con la acción del triplex.
El STF reanudará el 23 de junio el juicio después de formar mayoría para mantener la decisión de su segunda sala que declaró a Moro sospechoso de juzgar injustamente a Lula en el caso Guarujá.
Sin embargo, faltan los votos del ministro Marco Aurélio Mello (que pidió más tiempo para analizar el caso) y del presidente del tribunal superior, Luiz Fux.
En el momento de la interrupción, hubo siete papeletas a favor de mantener la decisión de la segunda sala (Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Antonio Dias Toffoli, Carmen Lúcia y Rosa Weber) y dos por la revocación (Edson Fachin y Luis Roberto Barroso).
Mendes emitió el voto que prevaleció al considerar que la declaración de incompetencia del decimotercer Juzgado Penal Federal de la sureña ciudad de Curitiba para juzgar a Lula no perjudicaría el proceso sobre la sospecha de su antiguo titular, pues tendría efectos más amplios.
Tal parcialidad anularía los actos procesales, por ejemplo, mientras que la declaración de ineptitud del tribunal permite el mantenimiento de estos actos si son ratificados por el nuevo juez.
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