Según el portal Consultor Jurídico, el pleno del STF ya formó mayoría para mantener la decisión de la segunda sala de la corte superior que declaró a Moro sospechoso de juzgar arbitrariamente a Lula en el llamado caso triplex de Guarujá.
No obstante, faltan los votos del ministro Marco Aurélio Mello (que pidió más tiempo para analizar el caso) y del presidente del STF, Luiz Fux.
En el momento de la interrupción, hubo siete papeletas a favor de mantener la decisión de la segunda sala (Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Antonio Dias Toffoli, Carmen Lúcia y Rosa Weber) y dos por la revocación (Edson Fachin y Luis Roberto Barroso).
De acuerdo con el sitio web, Mendes emitió el voto que prevaleció al considerar que la declaración de incompetencia del decimotercer Juzgado Penal Federal de la sureña ciudad de Curitiba para juzgar a Lula no perjudicaría el proceso sobre la sospecha de su antiguo titular, pues tendría efectos más amplios.
Tal recelo de parcialidad anularía los actos procesales, por ejemplo, mientras que la declaración de incompetencia del tribunal permite el mantenimiento de estos actos si son ratificados por el nuevo juez.
La inclusión del tema en la agenda del juicio ocurrió después de la solicitud de la defensa de Lula, realizada el 26 de mayo.
El equipo jurídico del fundador del Partido de los Trabajadores apuntó a la demora en la finalización del juicio, pues Mello devolvió los registros el 29 de abril.
Así, el proceso se cerrará antes de la jubilación del decano, prevista para el 5 de julio.
Tras el STF confirmar en abril que Moro actuó en casos judiciales con parcialidad, la defensa de Lula indicó que el dictamen es ‘una victoria del derecho’ y el restablecimiento del debido proceso legal y ‘de la credibilidad del Poder Judicial en Brasil’.
Reiteró que, desde la primera manifestación escrita, en 2016, el exministro de Justicia usó el cargo de juez para practicar lawfare (guerra jurídica) y ‘promover una verdadera cruzada contra el expresidente Lula’.
En ese sentido, añadió, ‘para acusarlo y condenarlo sin prueba de culpa con el objetivo de retirarlo de las elecciones presidenciales de 2018 y de la vida política’.
Los abogados del exdirigente obrero lamentaron asimismo que, por las irregularidades cometidas por Moro, el exgobernante sufrió 580 días de ‘prisión ilegal y todo tipo de persecuciones y humillaciones irreparables’.
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