De esta forma, el STF reconoció la competencia de su segunda sala y mantuvo la decisión sobre la arbitrariedad del exministro de Justicia.
Ahora la causa Guarujá deberá ser retomada desde cero por los investigadores y las pruebas recogidas serán anuladas y no podrán ser utilizadas en un posible nuevo juicio por el Tribunal del Distrito Federal, al que fue enviado el caso.
En marzo, para decidir sobre una demanda presentada por la defensa de Lula, la segunda sala, por tres votos a dos, consideró que el exmagistrado era sospechoso de injusticia para juzgar el expediente.
Moro condenó al fundador del Partido de los Trabajadores en julio de 2017.
Al exmandatario se le acusa por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.
Los fiscales indican que el exjefe de Estado recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con la compañía petrolera Petrobras.
Desde el comienzo del proceso, aún en primera instancia, Lula reafirma su inocencia y la defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).
En abril, el pleno formó mayoría para mantener la decisión de la segunda sala, pero el juicio fue interrumpido por la solicitud de vista (más tiempo para analizar el caso) del ministro Marco Aurélio Mello.
Luego que la corte superior confirmara que Moro actuó en casos judiciales con parcialidad, los abogados del exgobernante indicaron que el dictamen es ‘una victoria del derecho’ y el restablecimiento del debido proceso legal y ‘de la credibilidad del Poder Judicial en Brasil’.
Reiteraron que, desde la primera manifestación escrita, en 2016, Moro usó el cargo de juez para practicar lawfare (guerra jurídica) y ‘promover una verdadera cruzada contra el expresidente Lula’.
El 8 de marzo, el juez Edson Fachin, del STF, anuló, en una decisión individual, las condenas del exdirigente obrero por el Tribunal Federal del sureño estado de Paraná relacionadas con investigaciones de la desactivada operación Lava Jato.
Por esta determinación, Lula recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de presentarse en las elecciones del próximo año.
msm/ocs
