La reincidencia del sello español Zara, con media docena de denuncias en su contra en la última década, aumenta los decibeles de las alarmas ante un fenómeno del cual no escapan otras compañías reconocidas como Carolina Herrera, Louis Vuitton, Mango y Michael Kors.
Constantemente, las empresas traspasan la línea roja entre creatividad y apropiación indebida, y emergen connotados casos como la línea de sarapes, gabanes, servilletas y fajas presentado por la francesa Isabel Marant, que copió los tejidos típicos de los territorios de Charapan, Angahuan y Santa Clara del Cobre.
Para tener una mayor muestra dentro de este entresijo que, literalmente, tiene tela por donde cortar, cabe añadir a Dior, Antropología, Patol, Mango, Louis Vuitton, Santa Marguerite, Etoile, Pineda Covalin, Jacquemus, Madewell, Desigual, Intropia, Zimmermann y varias más.
Registros de la Secretaría de Cultura de esa nación norteña apuntan que entre 2012 y 2019, cerca de 25 empresas de ropa nacionales e internacionales, incurrieron en apropiación de los valores patrimoniales de comunidades indígenas como Oaxaca, Chiapas, Velasco, Hidalgo, entre otras.
Bordados de Tenango de Doria; técnicas artesanales oaxaqueñas, mixtecas o zapotecas; camisetas estampadas con el calendario Azteca y tejidos diversos destacan dentro de la industria millonaria de las pasarelas, aunque los principales cultores de estas técnicas quedan fuera de esa maquinaria comercial.
Un repaso por las páginas web oficiales de algunas firmas demuestran el desbalance del mercado, el cual estipula un valor entre 25 y 150 dólares para un sarape artesanal de Saltillo, mientras una etiqueta de Carolina Herrera o Louis Vuitton eleva su costo de una prenda similar a mil o cuatro mil dólares.
Detrás de justificaciones como el tributo a la identidad ancestral o el desconocimiento, cientos de prendas se exhiben en las vitrinas de las boutiques de alta costura, contexto agravado por la carencia de un marco legal contra la apropiación indebida de elementos tradicionales.
Precisamente el 2021 trajo nuevas garantías para este sector con la aprobación de la ley general de salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, la cual reconoce la labor de quienes por generaciones han conservado el patrimonio de México.
El nuevo marco jurídico contempla entre sus bases la titularidad de los derechos colectivos, la creación de un sistema nacional de protección, un registro de dichos elementos, así como un grupo de sanciones que estipulan penas de hasta 10 años de cárcel o multas.
Entre los argumentos expuestos por la Secretaría de cultura, el gobierno y grupos creativos resalta la pérdida del significado original de esas representaciones artísticas identitarias, al convertirse en patrones seriados de cualquier industria textil.
Si bien es cierto que el fenómeno parece en ascenso en fechas recientes, las imputaciones y los movimientos defensores al patrimonio lograron arremeter con fuerza contra varias compañías, algunas de las cuales retiraron sus colecciones del mercado y manifestaron disculpas públicas.
La nueva legislación y el reconocimiento internacional alcanzado por las artesanas y artesanos indígenas, marcan un nuevo camino en el rescate de la identidad individual y comunitaria de los pueblos originarios mexicanos.
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