Tal decisión, por lo tanto, se refiere específicamente a la investigación que involucra a la sede del Instituto Lula y una acusación por supuesto pago de propinas.
Lewandowski alegó que las confidencias de directivos de Odebrecht que aluden a Lula no resultan válidas, pues el acuerdo que la compañía trató con la Fiscalía fue instruido por el exjuez Sérgio Moro, reconocido por el STF como parcial en su desempeño en causas judiciales, en especial contra Lula.
Precisó que las pruebas obtenidas a partir del arreglo con Odebrecht no podrán ser usadas en un nuevo proceso en caso de que la justicia federal de Brasilia determine abrir juicios al exgobernante.
En su acusación, la fiscalía afirma que Odebrecht compró un terreno por un valor millonario para que el Instituto Lula construyera su nueva sede en Sao Paulo.
La denuncia también asegura que la adquisición sería un soborno para Lula.
Al respecto, la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores niega las imputaciones y comentó al portal de noticias de UOL que la decisión dictada este lunes es el resultado de un cuestionamiento iniciado en 2017.
Con el veredicto se reconoce, asimismo, agregan los juristas, la autenticidad de los mensajes que muestran una actuación ilegal de Moro y de los fiscales de la desactivada operación Lava Jato.
De igual manera, insiste el equipo jurídico del exdirigente obrero, queda demostrada la ocurrencia de cooperación internacional ilegal en el acuerdo de clemencia de Odebrecht.
El pacto con la constructora fue firmado a finales de 2016 por las autoridades de Brasil, Suecia y Estados Unidos y supuso el pago de una multa millonaria, según el diario Folha de Sao Paulo.
Durante el proceso, la defensa de Lula cuestionó ante el tribunal la forma en que los fiscales brasileños mantuvieron contacto con autoridades extranjeras durante la negociación con la contratista y como hubo una colaboración informal.
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