‘Hoy registré una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un monumental esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud’, afirmó en un video uno de los reclamantes, el parlamentario Randolfe Rodrigues.
Rodrigues funge como vicepresidente de una comisión del Senado (CPI) que investiga acciones, omisiones y negligencia del Gobierno ante la pandemia de Covid-19 que cobró más de 500 mil muertes y cerca de 19 millones de contagios en el país.
También presentaron la notificación en el Supremo los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato, y la ponente del caso será la jueza Rosa Weber.
Con base en el testimonio de los hermanos Luis y Ricardo Miranda en la CPI, el viernes pasado, los congresistas anunciaron que activarían el tribunal superior.
Ahora corresponde a esa corte decidir si pide a la Procuraduría General de la República que abra una investigación formal sobre el caso.
De acuerdo con el Código Penal, prevaricar consiste en ‘retrasar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o realizarlo en contra de la disposición expresa de la ley para satisfacer un interés o sentimiento personal’.
Tal infracción figura entre los delitos cometidos por un funcionario contra la administración pública.
En la junta parlamentaria de investigación, los hermanos Miranda declararon que informaron a Bolsonaro sobre la presión atípica que enfrentaron en la compra de Covaxin, la vacuna india antiCovid-19.
Denunciaron que en las negociaciones hubo irregularidades como un pago millonario anticipado a una empresa que no apareció en el contrato.
Según Luis Miranda, al escuchar el informe sobre las sospechas, Bolsonaro atribuyó las irregularidades al líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros.
Comentó que pondría en marcha la Policía Federal para investigar el caso y Barros niega haber cometido anomalías.
Para Rodrigues, tras los relatos de los hermanos Miranda en la CPI, es posible entender que Bolsonaro tenía conocimiento de una posible red delictiva que involucraba la adquisición de Covaxin y ‘tenía conocimiento de quiénes estaban involucrados en el presunto esquema criminal’.
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