Kaine, quien lidera desde hace una década los esfuerzos en el Capitolio por limitar los poderes de guerra presidenciales, dijo que los legisladores deben ser informados en detalle sobre acciones bélicas como estas lo más pronto posible, ‘independientemente de si están justificadas o no’.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que los recientes bombardeos de aviones militares norteamericanos contra blancos en territorio de Siria e Iraq, fueron realizados en cumplimiento de órdenes directas de Biden.
Los ataques fueron contra dos objetivos en el este de Siria y un tercero justo al otro lado de la frontera, dentro de Iraq, y se llevaron a cabo el lunes, alrededor de la 01:00, hora local.
El vocero del Pentágono, John Kirby, dijo que por indicaciones expresas de Biden, ‘fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo golpes aéreos de alta precisión contra almacenes de armas y municiones de grupos armados apoyados por Irán en la frontera entre Siria e Iraq’.
Según la versión de Kirby, dichas edificaciones de las milicias Kata’ib Hezbollah y Kata’ib Sayyid al-Shuhada, servían para almacenar tales pertrechos destinados a atacar lugares donde se estacionan militares, especialistas y diplomáticos norteamericanos.
El portavoz aseguró que no se reportaron víctimas, aunque la agencia siria SANA informó sobre la muerte de un niño a causa de la incursión aérea.
A principios de la semana pasada, el secretario de Defensa, Lloyd Austin; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mark Milley, presentaron sus propuestas para la realización de estos golpes, señala este lunes el diario The New York Times.
Esta fue la segunda ocasión que Biden ordena el uso de la fuerza en el Medio Oriente desde que asumió el 20 de enero la jefatura de la Casa Blanca, después de una acción similar que tuvo lugar a finales de febrero también dentro del territorio sirio, donde murieron al menos 22 personas.
Esta acción bélica tiene lugar en momentos en que en el Congreso se debate el tema del empleo de los poderes de guerra por parte del jefe de Estado y, en particular, la anulación de la Autorización del Uso de la Fuerza Militar otorgada en 2002 al entonces presidente George W. Bush.
Dicho permiso se le otorgó al entonces gobernante tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero fue utilizada por administraciones posteriores para justificar acciones bélicas en ultramar sin permiso del Capitolio.
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