Pese que la adquisición del inmunizante está bajo investigación por la Contraloría General de la Unión, la representante de la Fiscalía General en Brasilia, Luciana Loureiro, determinó ampliar la indagación a lo penal ante el posible delito de falta de probidad administrativa en la compra.
Según el documento, se pretende investigar irregularidades en el contrato pactado entre la empresa Precisa Medicamentos, que representa en Brasil al laboratorio indio Bharat Biotech (fabricante de Covaxin) con el Ministerio de Salud.
Por este escándalo, el ministro de la Contraloría, Wagner del Rosario, comunicó que se suspendía la transacción mientras dure la investigación interna.
Anteriormente tres senadores presentaron una demanda ante la Corte Suprema para investigar a Bolsonaro por un supuesto delito de prevaricación, al dejar de actuar en un caso de corrupción.
‘Registré una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un monumental esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud’, afirmó en un video uno de los reclamantes, el parlamentario Randolfe Rodrigues.
Rodrigues funge como vicepresidente de una comisión del Senado (CPI) que investiga acciones, omisiones y negligencia del Gobierno ante la pandemia de Covid-19 que cobró hasta la fecha más de 517 mil muertes y cerca de 19 millones de contagios.
También presentaron la notificación en el Supremo los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato, y la ponente del caso será la jueza Rosa Weber.
Con base en el testimonio de los hermanos Luis y Ricardo Miranda en la CPI, el viernes pasado, los congresistas anunciaron que activarían al tribunal superior.
En la junta, los hermanos Miranda declararon que informaron a Bolsonaro sobre la presión atípica en la compra de Covaxin y en las negociaciones hubo alteraciones como un pago millonario anticipado a una empresa que no apareció en el contrato.
De acuerdo con Luis Miranda, al escuchar el informe sobre las sospechas, el exmilitar atribuyó las irregularidades al líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros.
Para Rodrigues, tras los relatos de los hermanos Miranda en la CPI, es posible entender que Bolsonaro tenía conocimiento de una posible red delictiva que involucraba la adquisición de Covaxin y ‘tenía conocimiento de quiénes estaban involucrados en el presunto esquema criminal’.
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