La Agencia Senado aseguró que será la primera audiencia en la CPI dedicada a las acusaciones de corrupción en el Ministerio de Salud relacionadas con la adquisición de inmunizantes contra el patógeno.
Maximiano es socio director de Precisa Medicamentos, empresa responsable de un contrato con la cartera de Sanidad para comprar Covaxin, antígeno que no tiene autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
La semana pasada, Ricardo Miranda, funcionario del ministerio, confesó a la junta que estaba siendo presionado para realizar el pago de una factura de la negociación que contenía varias anomalías.
Para el ponente de la CPI, Renan Calheiros, la comisión pasó la página del ‘negacionismo ideológico’ del gobierno del presidente Jair Bolsonaro en relación con la pandemia y ahora se centrará en ‘este cáncer de la corrupción’.
Evaluó que el caso Covaxin tiene especial importancia porque hay evidencia de la participación directa de Bolsonaro, quien expresó un interés temprano en el fármaco indio.
Incluso, el exmilitar envió una carta al primer ministro de la India, Narendra Modi, para expresar el interés de Brasil en el inmunizante.
‘Como todo el mundo sabe, la implicación del presidente no es por prevaricación, es porque habría participado, desde el primer momento, en las negociaciones de Covaxin’, alertó el parlamentario.
Según el senador Rogério Carvalho, miembro suplente de la CPI, existe una gran expectativa por el testimonio de Maximiano, pues la comisión entiende que tiene mucha información y pruebas sobre la compra de Covaxin.
‘Esperamos que (el empresario) pueda aportar más elementos sobre lo conocido: la vacuna se compró a un precio 50 por ciento más caro que las dosis de (laboratorio estadounidense) Pfizer y una empresa, sin estar en el contrato, recibiría el pago’, aseguró.
Para Carvalho, hay implicación del líder del gobierno con presiones sobre los funcionarios para autorizar la liquidación.
Ante los hechos, la Fiscalía de Brasilia comenzó una investigación criminal acerca de las anomalías en la compra de Covaxin.
Pese a que la adquisición de la droga está bajo investigación por la Contraloría General de la Unión, la representante de la Fiscalía General en Brasilia, Luciana Loureiro, determinó ampliar la indagación a lo penal ante el posible delito de falta de probidad administrativa en la compra.
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