Las acusaciones sobre el antígeno fueron formuladas por el diputado Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud.
En una comisión del Senado que evalúa la gestión gubernamental ante la pandemia (CPI), ambos informaron que advirtieron a Bolsonaro en una reunión el 20 de marzo sobre presuntas anomalías en la adquisición del inmunizante.
La investigación buscará esclarecer si, ante las imputaciones, el mandatario no tomó las medidas pertinentes.
Ante las aseveraciones de los hermanos Miranda, el Gobierno comunicó que el exmilitar advirtió al entonces ministro Eduardo Pazuello sobre las sospechas el 22 de marzo.
Pero Pazuello fue exonerado del cargo el 23 de marzo y el contrato con Covaxin no se suspendió hasta esta semana, más de tres meses después de la denuncia.
El pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) emergió después que la jueza Rosa Weber, del Supremo Tribunal Federal, exigiera la posición del fiscal sobre la denuncia penal presentada por tres senadores, quienes piden a la corte superior investigar las acusaciones.
La PGR exigió esperar a la conclusión de la CPI, pero Weber afirmó que la pesquisa de la comisión no impide el accionar del Ministerio Público Federal.
Para empezar con la indagación, el vicefiscal general Humberto Jacques de Medeiros solicitó la autorización de Weber para pedir informaciones sobre el caso y el posible envío de pruebas recogidas por otros organismos judiciales y legislativos.
Tres senadores presentaron el lunes una demanda ante el Supremo para investigar a Bolsonaro por un supuesto delito de prevaricación, al dejar de actuar en el caso de corrupción.
‘Registré una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un monumental esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud’, afirmó en un video uno de los reclamantes, el parlamentario Randolfe Rodrigues, quien funge como vicepresidente de la CPI.
También presentaron la notificación los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato.
De acuerdo con el Código Penal, prevaricar consiste en ‘retrasar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o realizarlo en contra de la disposición expresa de la ley para satisfacer un interés o sentimiento personal’.
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