Esta normativa discrimina a una población por motivos raciales, en el pasado presentamos una querella ante la Corte Suprema contra ella, y si se somete a votación, nos opondremos, anunció la formación de izquierda, con seis escaños en la Knesset (parlamento nacional).
Según medios de prensa, esa será la postura oficial del líder del partido y ministro de Salud, Nitzan Horowitz, aunque algunos de sus diputados podría respaldar la iniciativa, que bloquea la concesión automática de la ciudadanía a palestinos casados con israelíes.
El Ejecutivo, encabezado por el ultraderechista Naftali Bennett, pospuso para el próximo lunes la votación ante su imposibilidad de alcanzar la mayoría en el legislativo, integrado por 120 miembros.
Varios diarios destacan que el aplazamiento tiene como objetivo intentar convencer a los cuatro diputados del partido árabe-israelí Raam, uno de cuyos legisladores calificó de racista y antidemocrático el proyecto.
La alianza tiene el respaldo de apenas 61 escaños, por tanto resulta clave para Bennett sumar cada voto en favor de la normativa, sancionada por primera vez en 2003 y prorrogada desde entonces cada seis meses.
El diario The Times of Israel reveló que la ministra del Interior, la ultranacionalista Ayelet Shaked, advirtió a Raam y al Meretz que de no apoyar la iniciativa, el Gobierno impulsaría un nuevo proyecto para reformar el sistema de inmigración, y facilitar así un mayor número de deportaciones.
El Likud y otros partidos de derecha que se encuentran en la oposición históricamente respaldaron esa ley, pero en esta ocasión se muestran reacios a seguir igual camino, lo cual fue interpretado aquí como un intento de dañar políticamente a la coalición.
No obstante, el diputado del Likud Eli Cohen adelantó que su formación estaría dispuesta a apoyar una breve extensión de dos meses si el Ejecutivo se compromete a impulsar un proyecto legislativo que promueva las restricciones a los palestinos de forma permanente.
La reunificación familiar permite a un israelí solicitar la ciudadanía para su cónyuge extranjero.
La mayoría de las solicitudes son enviadas por árabes-israelíes, que suman casi 1,9 millones, en nombre de un cónyuge palestino que vive en Cisjordania o la franja de Gaza.
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