En el proceso previsto para comenzar el próximo 27 de julio están involucradas 10 personas naturales y cuatro jurídicas –eclesiásticas y laicas- vinculadas a la Secretaría de Estado y a la anterior Autoridad de Información Financiera, así como ‘personajes externos activos en el mundo de las finanzas internacionales’.
Entre los acusados figuran el ex segundo al mando de la Secretaría de Estado, cardenal Giovanni Angelo Becciu, a quien se le imputan los delitos de peculado y abuso de poder, junto con su exsecretario, monseñor Mauro Carlino, procesado por extorsión y abuso de poder, y Cecilia Marogna, por peculado.
El resto de los enjuiciados tendrán que responder, de manera diferenciada, por abuso de poder, extorsión, peculado, corrupción, lavado de dinero, estafa, falsedad material en acto público, apropiación indebida y violación del secreto de oficio, entre otros.
La nota de la Santa Sede destacó la ‘sinergia total’ entre la Oficina del Promotor de Justicia y la sección de Policía Judicial del Cuerpo de la Gendarmería, durante las investigaciones iniciadas en julio de 2019 a raíz de una denuncia efectuada por el Instituto de Obras de Religión y la Oficina del Auditor General.
Asimismo subrayó que la iniciativa judicial está directamente ligada con las indicaciones del papa Francisco y las reformas promovidas por él a favor de la transparencia y consolidación de las finanzas del Vaticano.
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