Según la periodista Bela Megale, del diario O Globo, el magistrado afirmó que, si las respuestas y documentos sobre la adquisición del fármaco no se envían a la corte dentro de 10 días, sin causa justificada, constituirá una ‘grave irregularidad’.
‘En el despacho firmado el lunes, Zymler reitera preguntas que no fueron respondidas correctamente por la cartera de Salud y hace nuevas interrogantes’, señala la nota periodística.
Además, ‘solicita documentos sobre una reunión entre representantes de Bharat Biotech, productora india de Covaxin, la empresa Precisa Medicines, que medió en la compra con el gobierno brasileño, y miembros del Ministerio de Salud realizada el 20 de noviembre del año pasado’.
La comisión del Senado que evalúa la gestión gubernamental ante la pandemia (CPI) escuchará este martes a Regina Célia, funcionaria del ministerio responsable de autorizar la importación de Covaxin.
Célia fue citada a la CPI, en su décima semana, por primera vez el 25 de junio en el alegato de Ricardo Miranda, jefe de la división de importación en el Departamento de Logística de la cartera sanitaria.
Él y su hermano, el diputado federal Luis Miranda, denunciaron presiones internas en el ministerio para liberar la adquisición de Covaxin, aún con errores verificados en la orden de pago.
Según los hermanos, Célia fue la fiscal del contrato con Bharat Biotech.
La factura generada por la compra traía menos dosis de las acordadas, la determinación del pago anticipado y el nombre de una empresa intermediaria que no estaba en el contrato, revelaron los hermanos.
De acuerdo con Ricardo Miranda, las dos primeras irregularidades fueron subsanadas tras ser identificadas, pero la factura siguió a nombre de la compañía intermediaria Madison Biotech, con sede en Singapur.
El legislador informó por su parte que llevó el caso al presidente Jair Bolsonaro, quien mostró conocimiento de la presión a favor de Covaxin y afirmó que el responsable era Ricardo Barros, líder del gobierno en la Cámara de Diputados.
Las solicitudes de convocatoria de la funcionaria fueron presentadas por los senadores Humberto Costa y Alessandro Vieira.
Para Costa, escuchar a Célia será ‘fundamental para aclarar las sospechas de corrupción’ en torno al contrato de Covaxin.
La CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante el virus que hasta la fecha cobró 525 mil 112 vidas perdidas y 18 millones 792 mil 511 infectados.
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