El presidente de la comisión permanente de Contraloría del Parlamento, Alexis Rodríguez, al exponer la iniciativa legislativa explicó de manera detallada las razones esenciales para la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley, a fin de adecuar este instrumento jurídico a la realidad venezolana y enfrentar las nuevas prácticas delictivas.
Nuestro país, dijo, es asediado constantemente por el impacto de este flagelo, donde potencias del mundo financian la corrupción y en muchos casos son resguardados por naciones que promueven ese tipo de prácticas.
Por ello, recalcó, ampliar el concepto de Patrimonio Público e incluir el principio de corresponsabilidad para funcionarios que custodien bienes públicos, es esencial a la luz de los nuevos tiempos.
Pidió, además, incorporar como sujetos de ley a los Consejos Comunales y Comunas, así como agregar la obligación como política pública de formación para prevenir los actos de corrupción, destacando que es necesario promover la educación para impedir los mismos.
‘Se propone establecer que los obreros al servicio del Estado, los integrantes de las unidades de gestión financiera como los consejos comunales y comunas; así como integrantes de organizaciones sindicales y cajas de ahorro también presenten la Declaración jurada de Patrimonio’, expresó durante la argumentación de la reforma.
Aclaró que la República es Bolivariana, y que no es un simple calificativo, sino que lleva toda la carga histórica del Libertador Simón Bolívar en relación a la libertad, a la independencia y al respeto del erario público.
La Ley contra la Corrupción plantea ampliar el concepto de patrimonio público; incluir el principio de corresponsabilidad por la que deben regirse los funcionarios que manejen dicho patrimonio e implementar políticas educativas para la formación de los funcionarios.
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