Sin medir consecuencia, el diputado Luis Miranda denunció que Regina Célia, supervisora en esa cartera del contrato de Covaxin, el fármaco indio contra el patógeno, mintió durante su testimonio en la comisión senatorial que evalúa la gestión gubernamental ante la pandemia (CPI).
Miranda es el autor de la acusación sobre la existencia de supuesta corrupción en el ministerio en el proceso de adquisición de inmunizantes contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
‘(Célia) mintió mucho y fue desenmascarada por todos los senadores. Me alegro que la verdad salga a la luz’, aseveró el parlamentario.
La funcionaria señaló en la CPI que la negociación con el fabricante indio Bharat Biotech no fue atípica.
En casi siete horas de presentación, también negó la existencia de pagos por adelantado y que nunca se benefició del ‘clientelismo político’ para ejercer su cargo.
Tales explicaciones, sin embargo, no convencieron a los senadores, quienes aseguraron que hubo, eso sí, irregularidades en todo el procedimiento de negociación.
Por mentir también, el presidente de la CPI, Omar Aziz, ordenó detener a Roberto Ferreira, exdirector de Logística del ministerio.
Según Aziz, Ferreira violó el juramento de decir la verdad y engañó a los senadores en relación con la acusación de pedir un soborno (un dólar por porción) en el episodio de la oferta de 400 millones de dosis de vacunas de la empresa anglo sueca AstraZeneca por parte de la empresa estadounidense Davati.
A lo largo de su declaración, los parlamentarios presionaron al declarante para que contara la verdad sobre una reunión en un restaurante de Brasilia, el 25 de febrero, entre él, el policía Luiz Paulo Dominguetti, supuesto representante de Davati, y el coronel Marcelo Blanco.
Ferreira comentó que el encuentro fue casual, pero los audios atribuidos a Dominguetti, presentados en la junta, contradicen su versión.
Tras ser arrestado durante cinco horas, el exdirectivo fue liberado por la Policía Legislativa del Senado luego de pagar una fianza de mil 100 reales (un poco más de 200 dólares).
Finalmente, el funcionario de esa cartera William Amorim confirmó que, pese a solicitudes de modificación de errores en facturas para la compra en Brasil de vacunas antiCovid-19, estos quedaron sin corregirse.
La CPI escuchará la próxima semana, su oncena de labor, otros testimonios que ayuden a evaluar la acción, omisión o negligencia del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 531 mil 688 vidas perdidas y 19 millones 20 mil 499 contagios.
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