La indagación, que comenzó a petición de la Fiscalía General y fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal, se realizará por el Servicio de Investigaciones Especiales, porque Bolsonaro tiene foro privilegiado.
El plazo inicial para la finalización de las pesquisas es de 90 días, pero puede ampliarse.
Según la ley, prevaricar consiste en ‘retrasar indebidamente u omitir un acto oficial, o realizarlo en contra de la disposición expresa de la ley, para satisfacer el interés o los sentimientos personales’.
El punto de partida es lo revelado el 25 de junio, en la comisión del Senado que evalúa la gestión gubernamental ante la pandemia, por el funcionario del Ministerio de Salud Ricardo Miranda, jefe del departamento de logística de importación, y su hermano, el diputado Luis Miranda.
Ambos declararon que advirtieron a Bolsonaro, en marzo, sobre sospechas de corrupción en la negociación para la adquisición de Covaxin.
Entre las irregularidades señaladas por los hermanos aparece la factura internacional con una previsión de anticipo de 45 millones de dólares, que no estaba prevista en el contrato original.
De igual manera otras cuentas con menos dosis de las previstas en el contrato y en nombre de una empresa con sede en Singapur, que no se cita en el pacto original.
La investigación aclarará si hubo o no omisión de Bolsonaro respecto a las presuntas anomalías en el proceso de contratación de vacunas, y también si el presidente, de alguna manera, se beneficiaría personalmente de ello.
Durante tres meses, el Gobierno no comunicó nada abiertamente sobre las acusaciones en torno a Covaxin.
Luego de que los hermanos Miranda lo hicieran público, la administración federal presentó tres versiones.
El escándalo disparó la impopularidad del exmilitar en las encuestas y fiscales federales, así como la oficina del contralor general investigan por separado el sonado caso, en medio de la panademia de Covid-19 que cobró hasta la fecha 533 mil 488 muertes y 19 millones 89 mil 940 contagios.
oda/ocs
