Desde la Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP) hasta la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC) todas sus propuestas de gastos considerados vitales no fueron recogidas por el Ejecutivo.
Por el contrario el anuncio del presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, antes del ingreso del proyecto de Ley en la Cámara de diputados traslució el concepto de ajuste fiscal, de incremento de gasto ‘casi cero’.
Las únicas excepciones se ciñeron a los montos destinados a los programas de apoyo a la primera infancia y en la polémica creación de fideicomiso para regularizar asentamientos, financiado a partir de la reasignación de ingresos del Instituto Nacional de Colonización.
La ANEP fue la institución que solicitó el mayor refuerzo de fondos, 31,8 millones de dólares para financiar nuevas obras, ampliaciones y rehabilitaciones edilicias de centros educativos.
Pretendía llevar adelante una mejora en los aprendizajes y ‘reducir inequidades’ mediante la transformación curricular, las intervenciones focalizadas en los centros de enseñanza primaria y media básica de mayor vulnerabilidad
Uno de sus integrantes, Pablo Caggiani, sostuvo que los fondos solicitados en la rendición de cuenta son ‘absolutamente insuficientes’ ya que obvian los efectos negativos generados por la pandemia en lo educativo y tampoco se proponen mejoras salariales por la caída del poder de compra, unos 18 jornales perdidos en 2020.
Para la Udelar, pese a su importancia científica, la caída presupuestal se contrapone, a su vez, al aumento en los ingresos de nuevos estudiantes, 12 por ciento más en comparación al año pasado y el pedido de refuerzo que apunta la sostenibilidad de proyectos que se encuentran en riesgo crítico.
El rector Rodrigo Arim apuntó entre las afectaciones el desarrollo en el docente Hospital de Clínicas, programas de rápida resolución del cáncer de mama, rehabilitación posCovid-19, Unidad de Cirugía Ambulatoria Atención Integral de Accidente cerebrovascular, fortalecimiento docente y el aumento de becas.
Ahora, las instituciones educativas tendrán una instancia parlamentaria para exponer sus planteos, sin definiciones por parte de legisladores de la mayoritaria coalición oficialista.
mem/hr
