En un comunicado el órgano judicial confirmó la recepción de la demanda presentada por líderes y grupos yoruba contra el gobernante por supuestos delitos cometidos en varios estados y de los cuales también se acusa también al ministro de Justicia, Abubakar Malami, y al antiguo jefe del Ejército Tukur Buratai.
‘La oficina de la Fiscal General del TPI reconoce haber recibido los documentos’, declaró el jefe de la Unidad de Información y Pruebas de ese gabinete, Mark Dillon, en un mensaje reproducido por medios nigerianos de prensa.
Según el funcionario, los documentos correspondientes se introdujeron en un registro y agregó que la Fiscalía se pronunciará sobre su admisibilidad en un futuro próximo, en consonancia con las cláusulas del Estatuto de Roma y el Tribunal.
Asimismo precisó claramente que la carta recibida no significa la apertura de una investigación ‘ni que se vaya a abrir’, y puntualizó la posterior notificación a los demandantes sobre la decisión final.
En la denuncia se acusa a Buhari y al resto de las personas imputadas de ‘genocidio, graves daños físicos o mentales’ a miembros de la comunidad yoruba, ‘crímenes contra la humanidad, asesinato, deportación, traslado forzoso de población, torturas, violación y esclavitud sexual’.
Ese texto incriminatorio se presentó tras las fuerzas de seguridad nigerianas el 1 de julio realizar una operación contra la vivienda del jefe separatista yoruba, Sunday Adeyemo (también conocido como Sunday Ogboho), una acción que encomió la Presidencia.
Las autoridades federales consideran que Sunday Ogboho es un ‘un secesionista étnico quien cometió actos de terrorismo y alteró la paz bajo el disfraz de proteger a sus paisanos’.
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