La CPI se instaló el 27 de abril con un plazo de tres meses de funcionamiento. Con la prórroga, puede desempeñarse hasta principios de noviembre.
Su creación fue solicitada por el senador opositor Randolfe Rodrigues, quien argumentó que con ella se pretendía ‘investigar las acciones y omisiones del Gobierno federal para enfrentar la pandemia en Brasil’.
Especialmente, agregó, ante ‘el deterioro de la salud en Amazonas con la falta de oxígeno para los pacientes hospitalizados en los primeros meses de 2021’.
Comunicó además que la junta investigará posibles irregularidades en estados y municipios.
En mayo, senadores denunciaron que recibieron amenazas a través de redes sociales y mensajería personal.
Rodrigues, del partido Red de Sustentabilidad, confirmó que esas intimidaciones, con diferentes tipos de gravedad, fueron recibidas por algunos miembros de la CPI y alertó en la ocasión que ‘pareció una acción coordinada’.
Hasta el presidente Jair Bolsonaro insultó y amenazó con agredir a Rodrigues, según constó en una conversación privada con el legislador Jorge Kajuru.
En la plática, Kajuru (aliado del gobernante) le explicó que no quería participar en la comisión sobre presuntas indolencias de la administración federal en su gestión ante la pandemia, si tiene ánimo revanchista.
Durante el mismo intercambio de opiniones, Bolsonaro reconoció su temor por los posibles efectos negativos de la investigación en el Gobierno.
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