Aguilera declaró que ahora la Interpol coordina con la Organización Internacional de las Migraciones para obtener mayor información del paradero de López. El exministro de Defensa es requerido por la justicia boliviana por la compra irregular de gases lacrimógenos, y es acusado de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado perpetrados durante el mandato del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
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