La solicitud, dirigida al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pone de relieve que el primer mes de operaciones de LUMA Energy en esta isla del Caribe ha sido un desastre.
En una misiva enviada al presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva, las más de 60 entidades puertorriqueñas y estadounidenses sostienen que el empeoramiento del suministro eléctrico demuestra que el consorcio norteamericano no estaba preparado para tomar control del sistema público de la isla el 1 de junio.
‘LUMA no contrató a la mayoría de los empleados que laboraban en la AEE y como resultado del error de no contratar una fuerza trabajadora experimentada y capacitada, ha sido incapaz de manejar la red apropiadamente’, alegaron.
Según los denunciantes, esto ha puesto en riesgo vidas y propiedad debido a apagones constantes y fluctuaciones de voltaje que han producido fuegos y decenas de miles de dólares en daños.
La empresa canadiense-estadounidense tendrá a su cargo manejar más de 14 mil millones de dólares a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico.
La multimillonaria asignación de fondos federales al sistema eléctrico de Puerto Rico presenta una oportunidad única para hacer la transición hacia una red de energía renovable descentralizada, basada en sistemas solares en techos, como han propuesto desde hace tiempo entidades comunitarias, ambientales y sindicales.
LUMA ha mostrado que no interesa moverse en esa dirección y, en su lugar, basa su plan en reconstruir un sistema centralizado como el que colapsó durante el huracán María, según el reclamo a Grijalva, extensivo a otros congresistas estadounidenses de origen latino.
El contrato con Puerto Rico le garantiza a LUMA Energy, empresa de reciente creación por Quanta Energy Services, con base en Texas (EE.UU), y la operadora canadiense ATCO, con sede en Alberta, mil 500 millones de dólares por 15 años, sin importar su desempeño.
‘LUMA le faltó el respeto a la Legislatura de Puerto Rico, que ha tenido que recurrir a los tribunales para tratar de obligarla a proveer información sobre cuántos celadores tienen, dónde localizan los centros de atención de llamadas y otra información básica’, establecieron las organizaciones firmantes de la carta.
La corporación norteamericana tampoco se presentó a testificar el 30 de junio pasado en una vista pública ante el subcomité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre la planta de carbón AES.
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