La UE debe detener la colaboración con las instituciones educativas de ese país que de alguna forma participan en las graves violaciones a los derechos humanos que comete Israel, subraya la misiva.
Los signatarios elogian la prohibición del bloque de asignar fondos a entidades de esa nación levantina instaladas en los territorios palestinos ocupados, pero instan a tomar en cuenta también la complicidad y no solo la ubicación geográfica.
La carta se lanzó a raíz de la reciente escalada de violencia en la zona, que incluyó bombardeos israelíes durante 11 días contra la franja de Gaza, donde murieron más de 250 personas.
Los académicos denuncian que esta última ronda de violencia del gobierno de Tel Aviv forma parte de su campaña de represión de décadas contra los palestinos, ‘un pueblo ocupado bajo un régimen de asentamiento colonial y de apartheid’.
Afirman que hay suficiente evidencia sobre ‘la relación entre las instituciones académicas israelíes y las prácticas estatales sistemáticas del colonialismo’.
Esta semana el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció la creación de una comisión independiente para investigar los crímenes israelíes durante su reciente agresión a la franja de Gaza.
El grupo está encabezado por la exjueza sudafricana Navi Pillay, quien dirigió ese organismo de la ONU de 2014 a 2018, y es secundada los expertos indio Miloon Kothari y australiano Chris Sidoti.
Mientras la Autoridad Nacional Palestina anunció su total cooperación con la investigación, el Ejecutivo del Estado judío descartó cualquier respaldo.
El Banco Mundial cifró en 570 millones de dólares el valor de las pérdidas en el enclave como consecuencia de los bombardeos.
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