Al menos el Partido Colorado (PC) discrepó del dominante Nacional en tres de sus propuestas, relativas a desviar fondos del Instituto de Colonización (IC), el depósito de activos de organismos estatales en bancos privados y el intervencionismo policial en el sistema de consumo recreativo controlado del cannabis.
Respecto al primer tema la declarada intención del gobierno consiste en extraer 30 millones de dólares en fideicomiso del IC para regularizar asentamientos suburbanos, que se extendieron bajo el impacto económico de la pandemia de Covid-19.
De hecho el sector Ciudadanos del PC coincidió con la observación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, del Frente Amplio, de que se trata de ‘vestir un santo, desvistiendo otro’, y según puntualizó la cifra es irrisoria para la magnitud del problema de uruguayos en improvisadas viviendas insalubres.
Los impugnadores defienden el papel asignado históricamente al IC para fomentar la explotación de tierras mediante la ayuda financiera para el arrendamiento a miles de familias pobres del campo que las solicitan.
Legisladores colorados adelantaron que votarán en contra de un artículo que habilita a los organismos del Estado a la apertura de cuentas en bancos privados en detrimento del estatal Banco Oriental de la República Oriental del Uruguay (Brou) porque que quedaría en condiciones de inferioridad de competir por los depósitos.
Una tercera objeción refiere al objetivo de que el Ministerio del Interior acceda a la dirección y ubicación de los auto cultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control de plantación, cultivo y cosecha, lo que para el director de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, empujaría asociados a la ilegalidad.
Para el Frente Amplio la Rendición de Cuenta de 315 artículos es la continuidad de la Ley de Urgente Consideración en los que el gobierno articula un programa de restauración conservadora de corte neoliberal.
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