En su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esos convenios los van a subir a la red para que todo el mundo tenga acceso a esa información directa.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, explicó los detalles de los contratos, los cuales se realizaron desde el año 2011 bajo la presidencia de Calderón (2006-2012) hasta 2018, final del mandato de Peña Nieto cuando López Obrador los eliminó apenas asumió la presidencia.
Rodríguez dijo que Pegasus se apoderó de diferentes instancias de gobierno desde las que espiaron a políticos, periodistas, empresarios, intelectuales y legisladores entre otros.
Reveló que toda esa información se le entregó a la Fiscalía General de la República para realizar las investigaciones pertinentes de esa práctica ilegal, que violó la intimidad de tantas personas.
Informó que la Secretaría de Seguridad realizó una búsqueda exhaustiva de todas las pruebas y sus órganos desconcentrados y encontró 31 contratos con numerosas empresas vinculadas a sus actividades.
Relató que en el Archivo Federal firmaron 16 contratos con dos empresas distintas. En esos mismos archivos dos más en la Secretaría de Gobernación y la antigua Policía Federal con una empresa de artículos de escritorio como testaferro.
En Prevención Social siete contratos con cuatro empresas comercializadoras y en Protección Federal dos más. También en el Centro Nacional de Inteligencia desmontado por el actual gobierno, cuatro contratos más, de manera que el espectro de espionaje que cubría Pegasus era muy amplio y de todo eso hay registros, explicó la funcionaria.
Estos contratos se firmaron en los gobiernos de los dos expresidentes bajo cuya protección operó en ambos el secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, preso en Nueva York y reconocido por sus practicas de espionaje, añadió.
La agencia israelí NSO comenzó sus acciones ilegales en México con el ejecutivo de Calderón y se perfeccionó y aumentó en el de Peña Nieto con la adquisición del software Pegasus, operación en la que intervino Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, refugiado en Tel Aviv.
Este exfuncionario es prófugo de la justicia mexicana por su vinculación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ahora se entiende el sentido de la protección que le da el Gobierno israelí el cual se opone a su extradición a México.
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