Un comunicado de Legambiente circulado aquí da cuentas del reclamo de esa organización, junto a la de ONU en Italia para la conservación de hábitats y especies en peligro de extinción (WWF) y Greenpeace realizado a la ministra de Justicia, Marta Cartabia y al primer ministro, Mario Draghi.
En la nota conjunta al gobierno las tres organizaciones solicitaron modificar el texto actual del ejecutivo y evitar la cancelación de miles de procesos penales en curso por delitos ambientales introducidos en el Código Penal italiano con la Ley 68 de 2015 y posteriormente cambiados.
Según la comunicación a la prensa de Legambiente, de 2015 a 2020 los fiscales iniciaron más de cuatro mil procesos penales, con 12 mil 733 personas denunciadas y tres mil 989 órdenes de custodia emitidas por delitos que van desde la contaminación hasta los desastres ambientales y el tráfico ilegal de residuos.
Labor que consideraron de extraordinaria, la cual sin la modificación al documento en curso ‘simplemente desaparecerá’ y este país ‘corre el riesgo de dar un paso atrás sensacional en la protección del medio ambiente’.
Señaló, además, que ‘episodios gravísimos quedarán impunes si el Gobierno no adopta la enmienda ya presentada por parlamentarios de diversas fuerzas políticas’, como primera firmante a la diputada Rossella Muroni, expresidenta nacional de Legambiente.
En ella, detallaron, piden que incluya esos delitos entre los de especial gravedad y complejidad para los que se prevén mayores plazos para la realización de investigaciones y juicios.
La nota recordó que Italia esperó más de cuatro lustros para ver introducido en el Código Penal una reforma civilizada con ‘medidas sancionadoras adecuadas contra delitos gravísimos como la contaminación, desastre ambiental, la actividad organizada del tráfico ilícito de residuos, recuperación omitida’.
‘Pedimos al Gobierno que modifique el texto en discusión en la Cámara para evitar que todas las investigaciones y juicios ya iniciados gracias a esas reglas votadas por una amplia mayoría en el Parlamento sean canceladas vergonzosamente’, indicó el reclamo.
Exigieron detener hechos graves contra el medio ambiente y mencionaron los lodos tóxicos esparcidos por las tierras agrícolas del norte de Italia hasta la devastación de los acantilados de la costa de Campania y los farallones de Capri por la pesca ilegal de dátiles, entre otros tantos.
Citaron también datos, recogidos y tratados por el Ministerio de Justicia y publicados cada año en el Informe Legambiente Ecomafia y como colofón subrayó que sin la modificación solicitada la llamada reforma de Cartabia, se traicionará cualquier esperanza de obtener justicia en nombre del pueblo contaminado.
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