De una manera burda, después de dos años, recién se procede al retiro de la nacionalidad para continuar una persecución a la que las autoridades judiciales se han plegado también, aseguró a Prensa Latina el exdiplomático del país suramericano.
De acuerdo con Narváez, el gobierno y la justicia ecuatoriana actuaron de mala fe porque ignoraron el marco de la legislación internacional relativo a la naturalización, y ni siquiera permitieron que Assange compareciera en el proceso.
El otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Julián Assange en 2017 fue una acción humanitaria y de protección, acorde con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados que obliga a los Estados a facilitar en todo lo posible la asimilación y la naturalización de las personas bajo protección internacional, agregó.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Ecuador formalizó esta semana la anulación de la ciudadanía de ese país al periodista australiano, en respuesta a una petición hecha el año pasado por la cancillería en base a supuestas irregularidades cometidas durante el proceso.
El fundador de WikiLeaks está encerrado en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido desde abril de 2019, cuando el entonces presidente Lenin Moreno le retiró el asilo diplomático concedido siete años antes, y permitió que la policía británica entrara a su embajada en Londres para arrestarlo.
Al respecto, Narváez señaló que ningún país ha roto de manera tan vil el principio internacional de ‘no devolución’ que constituye, dijo, la base del asilo.
Esto es, además, una vergüenza histórica para mi país, porque la constitución del Ecuador prohíbe la extradición de un ecuatoriano, y Assange gozaba de esa condición cuando fue entregado a la fuerza a una potencia extranjera, sentenció.
Assange se había refugiado en la legación diplomática ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por publicar archivos secretos que pusieron al descubierto crímenes de guerra cometidos por las tropas norteamericanas en Iraq y Afganistán, y miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado.
De ser entregado a la justicia norteamericana, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de los 17 cargos que se le imputan, por lo que en enero pasado, la jueza británica a cargo del caso rechazó su extradición debido a sus condiciones de salud y al riesgo de suicidio.
La magistrada decidió, no obstante, mantenerlo en la cárcel hasta que concluya la apelación presentada por la fiscalía norteamericana, un proceso que puede extenderse por varios meses más, según alertó su abogada Jennifer Robinson.
mem/nm
