A pocas horas de su designación en plenario como coordinador transitorio de la fuerza política de izquierda, Ricardo Erlich resaltó que con casi 800 mil firmas recogidas para un referendo revocatorio ‘hubo un mensaje muy potente de la ciudadanía, que es de aliento a mirar lejos, hacia adelante’.
El 7 de agosto volverá a sesionar el Órgano colectivo para acordar el equipo de dirección, y la forma de elegir al próximo liderazgo luego de la máxima reunión prevista para octubre venidero.
La senadora frenteamplista Sandra Lazo informó que ‘tenemos compañeros que ya recorren el país, para hacer lo mismo que en la primera etapa de recogida de firmas, solo que con un bagaje más profundo’, para explicar por qué decenas de organizaciones sociales quieren suprimir 135 de casi 500 artículos de la LUC.
El economista Pablo Da Rocha sostuvo que el proyecto gubernamental de ley de Rendición de Cuentas presupuestal ahora en el parlamento se alinea con la LUC, promueve la mercantilización, concentra el ingreso y achica el Estado.
Durante un foro en la central sindical Pit-Cnt, su coordinador del Departamento de Estatales, Joselo López, denunció un desmantelamiento de las empresas públicas, que provocará dificultades para la reactivación económica.
Por su parte el secretario general de la federación sindical de Obras Sanitarias del Estado (OSE) Nicolás Ferreira, denunció hoy intenciones gubernamentales de privatizar la entidad encargada del suministro de agua, mediante recortes de presupuesto, falta de personal y pérdida del salario real.
En otras propuestas conectadas con la cuestionada legislación el oficialismo dio marcha atrás en el Legislativo y tal fue el caso de la habilitación de las empresas públicas a depositar sus fondos en entidades bancarias en perjuicio del estatal Banco de la República Oriental de Uruguay (BROU).
La Asociación de Bancarios del Uruguay lo rechazó en un comunicado porque ‘implica disminuir las ganancias de la banca oficial, además de erosionar la capacidad de realizar políticas crediticias con objetivos de desarrollo’.
Desenlace parecido experimentó el intento de la Presidencia del país de desviar recursos financieros del Instituto Nacional de Colonización para el arrendamiento de tierras a familias del campo, y descapitalizar una de las instituciones más emblemáticas de Uruguay.
Ante la justificación de dedicar 30 millones de dólares a la regularización de asentamientos suburbanos de familias con viviendas precarias insalubres, el frenteamplista presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, apuntó que ‘están desvistiendo a un pobre para mal vestir a otro’.
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