El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó que dicha moción se presentó el 29 de julio pasado en el estado de Florida, tras una minuciosa revisión de los antecedentes.
La acción se realizó para restaurar el daño económico ocasionado por la compra de material bélico no letal con sobreprecio por parte de los exministros Arturo Murillo (de Gobierno) y Luis Fernando López (de Defensa).
‘Vamos a esperar que de acuerdo con los plazos jurisdiccionales de la justicia de Florida se proceda a la notificación procesal respectiva a los demandados’, sostuvo Chávez luego de participar ayer en el estreno de sede de la Asamblea Legislativa boliviana.
Entre fines de 2019 e inicios de 2020, Murillo y López compraron gases lacrimógenos con sobreprecio causando un daño económico al Estado de 2,3 millones de dólares, pero la demanda civil señala que los responsables paguen al menos 4,6 millones de dólares porque el robo ocurrió en plena crisis sanitaria por Covid-19.
Murillo y su exjefe de gabinete fueron detenidos en Estados Unidos entre el 21 y 22 de mayo de este año acusados de corrupción y lavado de dinero, en tanto el extitular de Defensa de facto según recientes datos de la Interpol se encuentra en Brasil, prófugo de la justicia boliviana.
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