El problema se produjo en un debate sobre si se suspendía o no una sesión pública para valorar una impugnación a Vargas y el funcionamiento del Tribunal, pero este se opuso a mantener la sesión, contrario a la opinión de cinco magistrados que estaban en su contra, entre ellos, Reyes Rodríguez quien era apoyado por el resto para asumir la jefatura de la sala.
Janine, integrante del grupo de cinco magistrados declarados en rebeldía contra el magistrado jefe, al asumir provisionalmente el mando, reanudó la sesión la cual impulsa a Rodríguez para nuevo presidente, hecho que Vargas denunció como un golpe de estado.
La crisis estalló al arrancar la sesión de la Sala Superior, ante la inconformidad de los cinco magistrados rebeldes con la gestión de Vargas como presidente del organismo, quienes pidieron un punto para evaluar su desempeño y destituirlo.
Sin conocimiento de Vargas ni de su aliada la magistrada Mónica Soto, se planteó la incorporación de un punto en el orden del día con el propósito de defenestrar al funcionario.
Vargas se escudó en la pretensión de que la única facultad para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por renuncia, y aseguró que esa no era su intención, y suspendió la sesión, pero esta no fue acatada.
Los magistrados opositores aseveraron que la ley los faculta a proponer puntos de acuerdo en la sesión, y que el hecho de discutir la evaluación de la gestión de Vargas es parte de un mecanismo de rendición de cuentas. El litigio está en plena evolución.
El tribunal, junto con el Instituto Nacional Electoral, es una de las instancias del Poder Judicial más denunciada en el país, y entre las que están en la mira del gobierno para reconfigurarlas mediante una reforma constitucional.
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