Los disertantes en el panel coincidieron en reconocer que la falta de una estructura adecuada para atender y acomodar a las afectadas por la agresión doméstica y familiar sigue siendo el principal obstáculo para el combate contra el flagelo en el país.
Asimismo, en el debate se pidió aumentar el número de centros de acogida de víctimas, juzgados especializados y comisarías, y se incluya a los agresores en grupos de reeducación y el análisis de los casos incorpore la perspectiva de género.
En representación del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), María Gabriela Manssur, fiscal del Ministerio Público de Sao Paulo, abogó por una enmienda a la Constitución para que el presupuesto federal incluya recursos para garantizar los derechos de las mujeres.
‘Debemos tener esta previsión presupuestaria en la Constitución federal para garantizar la implementación de las políticas públicas de las mujeres y no quedarnos tocando las puertas de los alcaldes y gobernadores’, señaló Manssur.
Comunicó que ‘preparó una propuesta para presentarla al grupo de mujeres. Necesitamos prioridad y, sin inversión, no la tendremos’, añadió.
Al proponer también la canalización de recursos para políticas de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Brasil, Renata Videira, alertó que el problema debe ser combatido con acciones interinstitucionales.
‘La violencia contra las mujeres no es solo un problema de derechos humanos, salud pública y educación; es un problema de seguridad pública’, reiteró.
Thereza Nelma, procuradora adjunta de la mujer en la Cámara baja, lamentó la falta de estructura de asistencia y acogida, y recordó que Brasil solo cuenta con 381 delegados especializados y que muchos de los refugios para víctimas de la violencia no están abiertos los fines de semana.
Una de cada cuatro mujeres mayores de 16 años enfrentó algún tipo de violencia durante la pandemia de Covid-19 en el gigante suramericano, reveló recientemente una investigación del Instituto Datafolha encargada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Tal dato significa que unos 17 millones de mujeres (24,4 por ciento) sufrió agresión física, psicológica o sexual en 2020.
El porcentaje supone una estabilidad respecto a la última encuesta, de 2019, cuando un 27,4 por ciento admitió haber sufrido algún ataque.
Los índices muestran que las del sexo femenino de hasta 34 años son las que más sufren. Las víctimas de entre 16 y 34 años representan el 63,8 por ciento de todas las agredidas psicológica o físicamente.
jha/ocs
