Vargas fue defenestrado por cinco de los siete magistrados del tribunal, pero no lo aceptó y dijo que no abandonaría el cargo porque su salida era resultado de un golpe de Estado contra él. Sin embargo, fue obligado a abandonarlo.
Acorralado por la mayoría de sus colegas, y cerrada la opción de apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vargas sorprendió al aceptar su salida forzada de la presidencia, según él para allanar una salida política a la crisis.
El presidente Andrés Manuel López Obrador le había solicitado a los siete que renunciaran por la baja credibilidad que tiene desde hace años ese tribunal, pero agudizada bajo la presidencia de Vargas, acusado de beneficiar a partidos políticos de oposición y empresas extranjeras.
El magistrado rechazó sistemáticamente todas las reformas constitucionales presentadas por el Gobierno y aprobadas por el congreso, motivo por el cual no se han podido ejecutar. También impidió la candidatura a gobernadores de dos aspirantes del partido oficialista Morena.
Vargas reconoció que su presidencia no logró generar los consensos necesarios al interior del pleno. Por lo tanto, dijo, he decidido ceder el paso para que asuma la presidencia quien cuente con las cualidades para impulsar los acuerdos y la unión que actualmente requiere esta institución.
Pero mencionó que para que haya una renovación legal de la presidencia debe hacerse a través del procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia, al no haber una ausencia definitiva de la presidencia en funciones, ésta se mantiene.
En otras palabras, renuncia, pero al mismo tiempo sigue siendo el presidente, según interpretan algunos de sus opositores. Un galimatías, añadieron, del que se rescata su palabra de que deja al cargo y libera al pleno para decidir quién debe sustituirlo.
Sin embargo, Reyes Rodríguez, quien lo sustituyó y ahora renunció, fue acusado de actuar contra Vargas bajo órdenes del expresidente conservador Felipe Calderón, y ha eludido hablar del tema.
Medios cercanos al tribunal consideran que se trata de maniobras de los conservadores que dominan el Tribunal para colocar en la presidencia a alguno de sus candidatos e impedir se concrete una reforma constitucional para cambiar completamente este órgano del Poder Judicial.
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