Bernard Gousse, Claude Moïse, Patrick Pierre-Louis y Sonet Saint-Louis, profesores de derecho constitucional de la Universidad Estatal y otros colegios privados, señalaron que la carta magna vigente no contempla una solución a la problemática actual de vacío de poder.
Tanto si la clase política y social considera que el expresidente Jovenel Moïse gobernaba de facto tras el 7 de febrero, como si gestionaba su último año de mandato, no existe una regla aplicable a su sucesión, según declaraciones recogidas por el diario Le National.
Recordaron que no es legítimo reemplazar a un presidente de facto de manera improvisada como tampoco se puede convocar a la Asamblea Nacional (parlamento) que perdió a todos sus diputados y a dos tercios de los senadores en enero de 2020.
Ante este escenario los profesores abogan por la instauración de un Consejo de Estado o Consejo de Transición que integraría a los 10 senadores cuyo mandato está aún en activo y a 18 representantes de los sectores vitales del país como el religioso, empresarial, campesino, abogados, derechos humanos, universitario y la prensa.
Este órgano estaría encargado de nombrar a un presidente provisional hasta las próximas elecciones, además de guiar la conformación del Gobierno formado por 12 ministros y una duración máxima de dos años.
Durante ese periodo deben priorizar el restablecimiento de la seguridad pública, control de armas, desmantelamiento de pandillas, restauración de la confianza en el proceso democrático, y la lucha contra la impunidad.
Además de encaminar sus acciones hacia el respeto al estado de derecho, fortalecimiento del poder judicial, y las investigaciones sobre el asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, del exmandatario Jovenel Moïse, así como las distintas masacres en barrios desfavorecidos y el despilfarro de miles de millones de dólares del tesoro público.
La propuesta de los académicos llega cuando las fuerzas políticas aún no consiguen un acuerdo sobre el periodo post-Jovenel, a pesar de que en los últimos tres años presionaron por su renuncia.
Actualmente, el primer ministro Ariel Henry, dirige los destinos de la nación, aunque su mandato es ampliamente cuestionado por las fuerzas nacionales que siguen abogando por un consenso, un mes después del magnicidio.
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