Tal decisión responde a una solicitud realizada el lunes por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La notificación penal dirigida a Moraes fue firmada por todos los ministros del TSE y deja entrever presuntas conductas delictivas cometidas por Bolsonaro. El 4 de agosto, el exmilitar publicó en redes sociales la totalidad de una labor de la Policía Federal (PF) que investiga el supuesto ataque al sistema interno del TSE en 2018 y que, según la propia corte, no supuso ningún riesgo para las elecciones.
Con el nuevo frente de indagación, Bolsonaro se convierte en blanco de cuatro investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Primeramente, por su supuesta injerencia en la autonomía de la PF; la presunta prevaricación en relación con denuncias de irregularidades en la compra de la vacuna india antiCovid-19 Covaxin; la relacionada con sus ataques a las urnas y esta última acerca de la filtración de la exploración secreta policial.
Según Moraes, ‘las evidencias de la existencia de información clasificada o reservada para los sistemas informáticos del TSE en registros de la investigación policial fueron debidamente destacadas en esta noticia-crédito, para demostrar que los datos nunca podrían ser divulgados sin la debida autorización judicial’.
En la solicitud enviada este lunes al STF, los ministros del tribunal electoral aseguran que la circulación del escudriñamiento por parte de Bolsonaro representa un daño potencial a la Justicia Electoral.
Se valora que la conducta del presidente y del diputado Filipe Barros puede encuadrarse en el apartado del Código Penal que trata como delito ‘divulgar, sin causa justificada, información confidencial o reservada, tal y como la define la ley’.
La pena es de uno a cuatro años de prisión. Para la corte, el excapitán del Ejército puede tener una conexión con las acciones de la milicia digital investigada en la causa sobre noticias falsas.
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