‘La dirección de Fentect reafirmó el calendario de la huelga. A la hora cero del día 18, también haremos asambleas con el tercer turno. La idea es que, con la adhesión, iniciemos una protesta por tiempo indeterminado’, afirmó el secretario de Comunicación de la federación, Emerson Marinho.
Las demandas de los trabajadores implican mejoras en las condiciones de trabajo y ajustes salariales, además de exigir el fin del desguace de la empresa y del proyecto del gobierno de Jair Bolsonaro de entregar Correos al sector privado.
Tal movilización integrará también la huelga de funcionarios contra la reforma administrativa.
El proyecto de ley, que allana el camino para la privatización de Correos, fue aprobado el 5 de agosto por la Cámara de Diputados. Ahora, el tema pasó al Senado.
Según el portal Brasil 247, en la asamblea de diputados, el proyecto pasó deprisa, a partir de la articulación de su presidente, Arthur Lira, con Bolsonaro.
Denuncia que los aliados, el Gobierno y el Centrão (tendencia política) profundizan el desmantelamiento de las empresas públicas rentables.
En la asamblea de este martes, el director de la Federación Interestatal de Sindicatos de Correos (Findect), Douglas Cristóvão, defendió la huelga.
Recordó que ‘el Gobierno federal miente y propone una privatización inconstitucional. Una empresa militarizada, bolsonarista, que perjudica al trabajador y a la población’, señaló.
Aunque la aprobación del asunto en la Cámara baja es una derrota, las perspectivas de los trabajadores sobre la tramitación del asunto en el Senado son positivas.
Esto se debe a que los sindicatos dicen haber obtenido garantías de que la consideración del proyecto no será apresurada por el titular Rodrigo Pacheco.
‘El Senado tiene un debate diferente. Sus líderes se comprometieron a que el asunto no se precipite, como ocurrió en la Cámara baja. Pasará por cuatro comisiones y tendremos un amplio debate’, vaticinó Cristóvão.
Uno de los puntos delicados de la cuestión se refiere a la constitucionalidad. Como el servicio postal público está previsto en la Constitución Federal, para cambiar uno de sus artículos sería necesario un proyecto de enmienda a la carta magna, lo cual requiere una mayoría cualificada para ser aprobado.
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